El próximo 1 de julio de 2023, entrarán en vigencia más de 200 proyectos de ley aprobados por la actual legislatura de Florida y firmados por el gobernador Ron DeSantis.
Uno de estos proyectos es la Ley HB 1718, la cual tiene como objetivo abordar de manera más rigurosa la inmigración irregular.
Esta legislación cuenta con un amplio respaldo en el Congreso local, con 83 votos a favor y 36 en contra, y busca reducir la presencia de personas indocumentadas en el estado de Florida.
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Entre las disposiciones de esta ley se encuentra la implementación del sistema E-Verify, el cual servirá para verificar la elegibilidad laboral de los trabajadores.
Además, se impondrán sanciones a los empleadores que contraten a inmigrantes en situación irregular, y la gravedad de las penas estará determinada por la cantidad de personas sin documentos que hayan sido empleadas.
Estas medidas han generado preocupación en sectores como la construcción, agricultura y hospitalidad, donde suelen trabajar cientos de inmigrantes, mientras resuelven su situación legal.
Los responsables de las empresas están seguros de que estas medidas afectarán la economía del estado.
Además, las nuevas leyes establecen que los hospitales locales que acepten Medicaid deberán asegurarse de que los pacientes sean ciudadanos legales o indocumentados.
Sin embargo, el estatus migratorio irregular no afectará la atención médica que reciba una persona, ni obligará al personal del hospital a informar a las autoridades migratorias.
Será necesario esperar los resultados futuros de la Ley HB 1718 para determinar su efectividad y los impactos que tenga en la comunidad.
Política migratoria en Estados Unidos
La implementación de esta nueva ley ocurre en un momento en el que DeSantis busca el respaldo de los simpatizantes republicanos para postularse como candidato presidencial en las próximas elecciones.
En Texas, un funcionario ha propuesto un plan similar para abordar el tema de la inmigración. Este tiene el objetivo de evitar que los bebés nacidos en Estados Unidos de padres migrantes obtengan automáticamente la ciudadanía.
Además, se busca mantener a los indocumentados bajo custodia hasta que llegue el momento de su audiencia ante un juez para determinar su elegibilidad para recibir asilo.
Es relevante destacar que DeSantis pretende cerrar lo que se conoce como «laguna legal de Flores». La misma establece que las familias migrantes deben ser liberadas en un plazo de 20 días.
Sin embargo, esta medida enfrenta desafíos legales, ya que cuenta con el respaldo de un tribunal federal.
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