El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos emitió este viernes un fallo que autoriza al presidente Donald Trump a proceder con la cancelación del programa de parole humanitario implementado durante la Administración de Joe Biden.
Esta decisión judicial marca un nuevo capítulo en el proceso legal que afecta a más de medio millón de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que se beneficiaron de esta iniciativa.
Detalles del fallo judicial
La decisión del Tribunal de Apelaciones revierte una resolución anterior de un juez federal que había bloqueado en abril la revocación del programa dictada por el Gobierno de Trump.
Este veredicto confirma la orden emitida en mayo por el Tribunal Supremo, que permitió levantar la suspensión de la cancelación mientras continuaba el litigio en tribunales inferiores.
Argumentos considerados por el tribunal
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones reconocieron en su fallo los riesgos potenciales para los beneficiarios del programa, señalando que “las personas en libertad condicional que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligadas a elegir entre marcharse en menos de un tiempo —una elección que potencialmente incluye separarse de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a los peligros de sus países de origen”.
Sin embargo, los jueces determinaron que “a falta de una demostración sólida de la probabilidad de éxito en cuanto al fondo, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión”.
Posición del Departamento de Seguridad Nacional
El tribunal consideró razonables los argumentos presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para terminar el programa. Entre las razones expuestas por el DHS se incluyen:
- La falta de un beneficio público significativo atribuible al programa
- La no reducción de la inmigración irregular
- La ausencia de un aporte concreto para la seguridad de las fronteras
Cronología del proceso legal
La controversia en torno al programa de parole humanitario ha seguido un complejo camino judicial desde que la Administración Trump anunció su cancelación en marzo de 2025.
Anuncio de cancelación (marzo 2025)
Dos meses después de su investidura, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la eliminación de las protecciones otorgadas por el parole humanitario, cumpliendo así una promesa de campaña de Donald Trump, quien durante su candidatura había advertido que anularía este programa.
Demanda y bloqueo (abril 2025)
Beneficiarios del programa y organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda argumentando que la medida gubernamental era “ilegal” y violatoria del debido proceso, al decretar la anulación masiva de los permisos garantizados por el parole, que incluían residencia y permiso de trabajo por dos años. Un juez federal falló a favor de los demandantes, frenando la anulación del estatus de los beneficiarios.
Intervención del Tribunal Supremo (mayo 2025)
La máxima instancia judicial ordenó levantar la suspensión de la cancelación, permitiendo que continuara el litigio en tribunales inferiores mientras se evaluaba el fondo del asunto.
Fallo definitivo del Tribunal de Apelaciones (septiembre 2025)
La decisión actual confirma la autoridad de la Administración Trump para proceder con la eliminación del programa, estableciendo el veredicto final en esta etapa del proceso legal.
Impacto en los beneficiarios del programa
El programa de parole humanitario había permitido el ingreso legal a Estados Unidos de más de medio millón de migrantes de cuatro países: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Estos beneficiarios obtuvieron permisos de residencia y trabajo por un período de dos años bajo esta iniciativa.
Posibles consecuencias del fallo
Con la autorización judicial para retomar la cancelación del programa, los beneficiarios podrían enfrentar la necesidad de regularizar su estatus migratorio a través de otros mecanismos legales disponibles en el sistema estadounidense.
Posición de los demandantes
La directora legal del Justice Action Center, quien actuó como coabogada en el litigio, expresó que “las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el Gobierno les pidió”. Añadió que “aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio”.
Argumentos del Departamento de Justicia
Los representantes legales del Gobierno sostuvieron que “la revocación discrecional de un beneficio discrecional por parte de la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi Noem) debería haber puesto fin al asunto”. El procurador general D. John Sauer argumentó que poner fin a los programas de parole humanitario caso por caso sería una “tarea gigantesca” que ralentizaría las labores del Gobierno para la gestión migratoria.
El Departamento de Justicia subrayó además que las protecciones para las personas que huyen de riesgos en sus países de origen siempre fueron diseñadas para ser temporales, y que el DHS tiene la autoridad para revocarlas sin interferencia judicial.
Contexto del programa de parole humanitario
El programa de parole humanitario fue implementado por la Administración Biden como una medida para proporcionar una vía legal de ingreso a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que enfrentaban situaciones difíciles en sus países de origen. La iniciativa buscaba ofrecer una alternativa ordenada y segura a la inmigración irregular, al tiempo que proporcionaba a los beneficiarios la oportunidad de trabajar y residir legalmente en Estados Unidos durante un período determinado.
Próximos pasos en el proceso
Con el fallo del Tribunal de Apelaciones, la Administración Trump cuenta con la autoridad judicial necesaria para proceder con la implementación de la cancelación del programa. Sin embargo, los representantes legales de los beneficiarios han indicado que continuarán con sus esfuerzos legales para defender a sus clientes durante las siguientes etapas del litigio.
Conclusión
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito representa un momento determinante en el futuro del programa de parole humanitario que benefició a más de medio millón de migrantes de cuatro países latinoamericanos.
El fallo equilibra el reconocimiento de los posibles impactos humanos con la consideración de los argumentos presentados por el Departamento de Seguridad Nacional sobre la eficacia del programa.
Mientras la Administración Trump procede con la implementación de la cancelación, los beneficiarios del programa y sus representantes legales continúan explorando opciones dentro del sistema judicial estadounidense.
Este caso subraya la complejidad de las políticas migratorias y los procesos legales que las rodean, así como el impacto significativo que estas decisiones tienen en la vida de miles de personas que buscaron refugio y oportunidades en Estados Unidos a través de vías legales establecidas.
