La aprobación de la Ley HB 1718 en la Cámara de Representantes de Florida, se ha convertido en un tema controversial para aquellos migrantes que no poseen un estatus legal.
Esta normativa ha sido ratificada con 83 votos a favor y 36 en contra, por mayoría del Partido Republicano, después de rechazar las 19 enmiendas presentadas por el Partido Demócrata.
El proyecto de ley que está próximo a ser firmado por el gobernador Ron DeSantis, se ha enfocado en sancionar a quienes transporten migrantes indocumentados al estado y a aquellos que les otorguen identificaciones sin ningún fundamento legal.
Asimismo, se han contemplado penas de hasta 15 años de prisión por cometer dichos actos.
Implicación para empresas y empleadores
Por otro lado, las empresas y empleadores que contraten migrantes indocumentados serán sancionados con multas y revocación de licencias.
Los hospitales y centros médicos tendrán la obligación de recolectar información sobre el estatus migratorio de los pacientes y se invalidarán las licencias de conducir emitidas a migrantes indocumentados de 20 estados y el Distrito de Columbia.
Cabe destacar que, el proyecto de ley también incluye una asignación de 12 millones de dólares para trasladar a los migrantes indocumentados hacia ciudades santuario, que buscan proteger a estas personas de cualquier deportación y así facilitar su estadía en el país.
Migrantes ilegales que se encuentren en Florida
En definitiva, esta norma ha sido diseñada para establecer regulaciones más estrictas que permitan identificar y sancionar a aquellos migrantes ilegales que se encuentren en Florida.
La nueva legislación buscará derogar la normativa que permite a los abogados ejercer su trabajo mientras llevan a cabo el proceso para regular su estatus migratorio.
Además, se solicitará a las autoridades policiales que tomen muestras de ADN de aquellos que no tengan un estatus migratorio legal en el territorio y que estén detenidos por una ofensa federal.
En Florida, varios grupos a favor de los derechos de los migrantes han expresado una fuerte oposición a la aprobación de esta ley, ya que consideran que estas medidas afectarán negativamente a una quinta parte de la población del estado.
Según Kirk Bailey, director político de la Unión Americana de Libertades Civiles en Florida, una ley similar aprobada en Arizona provocó gastos directos de 151 millones de dólares y pérdidas económicas relacionadas con la producción que ascienden a los 253 millones.
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