Un juez federal en Texas ha emitido un fallo que suspende la política de parole in place de la administración de Joe Biden, dejando a miles de migrantes sin una opción de regularización migratoria en Estados Unidos.
La medida, que permitía a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal temporal, ha sido anulada tras una demanda presentada por Texas y otros 15 estados republicanos.
Este fallo pone en riesgo los permisos de trabajo y la protección contra la deportación de cerca de medio millón de personas que ahora se quedan sin papeles.
El impacto de la suspensión de parole in place
El programa parole in place se había convertido en una vía importante para que muchos migrantes pudieran regularizar su situación legal en EE.UU. mediante una autorización temporal que les permitía vivir y trabajar mientras tramitaban su residencia.
Con la anulación de este beneficio, miles de personas se enfrentan a una incertidumbre legal que podría terminar en la deportación o en la imposibilidad de obtener permisos de trabajo.
El fallo fue emitido por el juez J. Campbell Barker, quien argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. no tiene la autorización del Congreso para implementar esta política. Barker sostuvo que la interpretación de la ley por parte de la administración Biden “estira la interpretación legal más allá de su límite”.
Esta interpretación se alinea con las quejas presentadas por los estados demandantes, que consideran que el programa representa una carga económica para los servicios públicos del país.
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La demanda que desencadenó la decisión
La demandante principal, Texas, junto con 15 estados republicanos, presentó el caso ante los tribunales alegando que el programa de parole in place impondría costos excesivos en sectores clave como la salud, la educación y la seguridad pública. Los estados involucrados en la demanda incluyen a Alabama, Florida, Georgia, Ohio y Tennessee, entre otros.
Además, la organización America First Legal se unió a la causa, argumentando que la política violaba la constitución de EE.UU. y que las autoridades federales no podían cambiar las leyes migratorias sin la intervención del Congreso.
Durante el proceso, los beneficiarios del programa trataron de defender la política con testimonios que resaltaban su impacto positivo en las familias, pero el juez desestimó su solicitud de intervención.
Reacciones y consecuencias para las familias migrantes
El fallo ha generado una ola de preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que esta decisión afectará desproporcionadamente a familias migrantes que han construido sus vidas en EE.UU. y ahora enfrentan el riesgo de ser deportadas.
La anulación del parole in place podría significar una vulnerabilidad jurídica para cientos de miles de personas, especialmente aquellos que ya se beneficiaban del programa y estaban en proceso de regularización.
El gobierno de Biden tiene ahora un plazo limitado para apelar esta decisión, con solo 73 días restantes antes de que asuma el presidente electo Donald Trump. Sin embargo, las capacidades de apelación del gobierno demócrata podrían verse reducidas debido al poco tiempo que queda en el mandato.
El poder judicial y su rol en la política migratoria
Este fallo pone de relieve el sistema de separación de poderes en EE.UU., donde el poder judicial tiene la facultad de bloquear o suspender políticas gubernamentales si las considera inconstitucionales. En este caso, el juez Barker aplicó la revisión judicial, un mecanismo legal que permite a los tribunales decidir si una política ejecutiva se ajusta a la constitución y a las leyes del país.
La revisión judicial se ha convertido en una herramienta crucial para equilibrar el poder entre las distintas ramas del gobierno y para proteger los derechos de los ciudadanos.
En este caso, cualquier persona o grupo puede presentar una demanda si considera que una política viola sus derechos, lo que garantiza un sistema de control y supervisión sobre las acciones del ejecutivo.
